Tegucigalpa – “Yo no entiendo que es lo que se está pidiendo”, dijo el exministro de Transparencia y exfiscal de la República, Edmundo Orellana, en relación a la nueva figura de acusador privado contenida en la nueva propuesta que entregó la presidenta Xiomara Castro al secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.
– En Honduras todo es posible; aquí no reforma la Constitución el Congreso Nacional, sino la Sala Constitucional», expresó el exfiscal.
En ese sentido, el exfuncionario expresó serias reservas respecto a la nueva propuesta del gobierno hondureño sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), según Orellana, el principal problema en las negociaciones fue que el gobierno intentaba otorgar a la CICIH plenas potestades, reemplazando así al Ministerio Público (MP), lo que hubiera requerido una reforma constitucional.
«El gobierno pretendía que la CICIH sustituyera al Ministerio Público en el ejercicio de la acción pública penal, lo cual implicaba una reforma constitucional», explicó Orellana. Sin embargo, al quedar claro que esto es imposible en el actual periodo legislativo, el gobierno ha optado por una nueva estrategia: la figura del «acusador privado», una opción que está contemplada en el Código Procesal Penal para que las víctimas o los ofendidos presenten acusaciones directamente.
«En el caso de la corrupción, la víctima no es una persona individual, sino todos los ciudadanos, la sociedad, el Estado. Eso significa cercenar al MP de su función de ejercer la acción pública penal de oficio», agregó Orellana.
Seguidamente, destacó que para que exista un acusador privado en casos de corrupción, se necesitaría una reforma constitucional, dado que este es un tema de interés colectivo y el MP es el encargado de representar a la sociedad.
Ante la incertidumbre de lo que pueda suceder, Orellana subrayó: «En Honduras todo es posible; aquí reforman la Constitución y no el Congreso Nacional, sino la Sala Constitucional». No obstante, recalcó que lo correcto sería seguir el marco constitucional y mantener al MP como el único órgano con la capacidad de ejercer la acción pública penal.
A pesar de reconocer la voluntad de la presidenta Castro para lograr la instalación de la CICIH, Orellana cuestionó el asesoramiento que está recibiendo. «El problema son quienes están aconsejando. No entiendo qué es lo que realmente se está proponiendo, pero vamos a ver qué dice la ONU», concluyó el exfuncionario. LB
