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Prevenir la violencia, una lucha que apenas comienza en Honduras



Por:Elvira Cuadra Lira

Tegucigalpa.- La violencia en general y la violencia contra las mujeres, especialmente los femicidios, son una prioridad en la agenda pública de Honduras desde hace varios años.

Desde hace casi una década, el país ha sido el primero o segundo país de la región con la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes, y aunque esta estadística fatal parece mostrar una tendencia a la disminución durante los últimos tres años, es muy pronto para cantar victoria.

Cada año las estadísticas de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, muestran que el problema tiene dimensiones epidémicas, trasciende a todos los estratos socioeconómicos del país y deja graves secuelas en las víctimas y sus familias. Así lo refleja una reciente investigación de la organización Expediente Abierto, una instancia civil con fines investigativos y académicos. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un mal endémico para el país, sin embargo, las estadísticas conocidas públicamente rara vez están desagregadas o bien, utilizan indistintamente el término “muertes violentas de mujeres” y femicidios, de manera que es difícil diferenciar las unas de las otras.

Además, los datos no siempre son sistemáticos, dificultando la posibilidad de identificar tendencias en el tiempo. Algo que si es posible identificar, es que las muertes de mujeres se han incrementado significativamente durante los últimos años, que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 20 y 24 años, que un porcentaje alto son niñas menores de 14 años, que en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y que los asesinos eran hombres de su entorno familiar más cercano.

Eso es apenas la punta de iceberg. De manera que la primera tarea de las instituciones públicas es recopilar sistemáticamente datos estadísticos y de otro tipo, desagregarlos y analizarlos exhaustivamente para identificar claramente las dimensiones profundas de la violencia que viven las mujeres dentro de sus casas y en distintos espacios como los centros laborales y sitios públicos.

Entre las acciones que el Estado hondureño ha realizado para atender esta problemática, una buena parte de ellas se han dirigido a la creación de capacidades institucionales. En el país existe un marco jurídico legal que tipifica y establece sanciones para la violencia contra las mujeres y también es signatario de instrumentos jurídicos internacionales en la materia tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Sin embargo, este marco jurídico es todavía tímido, incompleto, ambiguo y de escasa aplicación. Hace falta fortalecerlo, ampliarlo e incorporar en su espíritu y contenido un enfoque de derechos humanos, derechos de las mujeres, protección a las víctimas y prevención de la violencia.

En instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial se han creado unidades especializadas para atender a las mujeres víctimas de la violencia como la Fiscalía Especial de la Mujer, la Unidad Especial de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios dentro de la ATIC, y los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica. Pero esa infraestructura institucional adolece todavía de recursos humanos especializados y sensibles, falta mejorar los recursos financieros y equipamiento, ampliar la cobertura territorial con delegaciones en todo el país y mejorar las coordinaciones intra e inter institucionales. Además, no se ha construido un sistema de protección a las víctimas sobrevivientes de la violencia que permita una atención integral y la correspondiente administración de justicia. Hasta ahora, la mayoría de las víctimas y los mismos funcionarios públicos reconocen que los procedimientos son tediosos, tardados, costosos y producen la re-victimización. Una de las consecuencias más graves es que las víctimas terminan desistiendo y vuelven a entrar en el círculo de la violencia hasta que se enfrentan a un incidente más grave. O a la muerte.

Algunas instituciones realizan otro tipo de acciones orientadas a la información y sensibilización, tal es el caso del Poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula o la municipalidad de Puerto Cortés, para mencionar dos ejemplos. En el primer caso, cada año se realiza una pequeña campaña de información y algunas visitas a mujeres víctimas de violencia para que tengan información a la mano sobre cómo realizar la denuncia y la importancia de la judicialización del caso; mientras que la alcaldía de Puerto Cortés hace algunos años diseñó un modelo de prevención de la violencia familiar. Pero estas acciones son de alcance limitado, la información es rudimentaria muy pocas veces están acompañadas de otras acciones orientadas a mejorar las coordinaciones o las articulaciones con organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias para ampliar el impacto de las campañas. Tampoco se conocen evaluaciones que den cuenta de su efectividad.

Como se puede apreciar, durante los últimos años se ha venido desarrollando un proceso de creación y fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios en Honduras. El reto es grande y el proceso apenas comienza. Dos cosas son importantes y darían cuenta de un avance sustantivo de parte del Estado y el gobierno hondureño: una clara voluntad política del Estado en su conjunto, para defender el derecho a la vida de las mujeres, proteger a las víctimas y hacer justicia; y traducir esa voluntad política en una estrategia integral que inicie por diagnosticar a fondo la situación, reconocer las dimensiones del problema, los avances y los desafíos desde una perspectiva crítica, atender las recomendaciones que han realizado organismos internacionales como la CIDH y la Relatora Especial de Naciones Unidas, mejorar la coherencia de las acciones entre las diferentes instituciones involucradas y abrir espacios de diálogo y cooperación con las organizaciones sociales, especialmente el movimiento de mujeres.

Las pistas para actuar están claras y las víctimas no pueden esperar. Es hora de actuar.


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