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Auto de formal procesamiento con prisión preventiva a implicados en desfalco del CAH



Auto de formal procesamiento con prisión preventiva a implicados en desfalco del CAH
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - Una juez penal en Materia de Corrupción dictó la tarde de este lunes auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los nueve imputados en el desfalco del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la notificación se dio después de que la juez hiciera las conclusiones, tras una maratónica audiencia inicial el fin de semana.

“Acaba de ser notificada la resolución por parte de la juez penal con jurisdicción nacional en Materia de Corrupción luego de haber escuchado en una audiencia inicial con las conclusiones en relación a este descalabro financiero provocado en el Colegio de Abogados de Honduras”, dijo Duarte a periodistas.

Los imputados son: el expresidente del CAH, Olvin Antonio Mejía, Josué Argeñal Cerrato, Pastor Eliut Valladares, Oscar Reynaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Rossel Arturo Euraque López, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero.

Melvin Duarte explicó que la juez después de evaluar los elementos probatorios llegó a conclusión que existe el mérito suficiente para continuar con el proceso contra los imputados.

“Señaló que se cumplen los elementos para dictar el auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los nueve imputados acusados por los delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y falsificación de documentos privados.

El pasado fin de semana se celebró la audiencia inicial en la que se evacuaron 50 medios de pruebas documentales propuestos por el Ministerio Público, declaración de testigos protegidos, evacuaciones de pericias de informes de auditorías y las conclusiones por parte de las partes acusadora y defensa.

Los imputados fueron detenidos en el marco de la operación Tormenta de Fuego XI realizada por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo con el expediente, se reflejan cobros irregulares por supuestos beneficiarios de seguros de vida por una cantidad de 26 millones 723 mil 818 lempiras durante el periodo del 2008 al 2010. Asimismo, otro cobro irregular por la cantidad de 72 millones 692 mil 754 lempiras del periodo entre el 2010 al 2012. 


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