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Obispo nicaragüense critica agresión sufrida por mujeres en prisión



Managua- El obispo nicaragüense Silvio Báez criticó este domingo la agresión sufrida por un grupo de mujeres en prisión, donde permanecen recluidas por protestar contra el Gobierno que preside Daniel Ortega en el marco de la crisis que vive el país desde abril pasado.

"Cualquier agresión contra un ser humano es un pecado grave contra Dios", señaló Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, al ser consultado por periodistas tras oficiar una misa.

"Es algo que envilece, empequeñece a quien lo comete, realmente es una herida que sangra en la sociedad, sobre todo cuando son mujeres indefensas, mujeres detenidas injustamente", continuó.

El religioso hizo votos para que ese tipo de atropellos "se detenga definitivamente y que no vuelva a ocurrir".

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua denunció que el pasado jueves unos 20 custodios golpearon a al menos ocho mujeres que se encontraban en una misma celda, porque se resistieron al traslado de tres de ellas.

Entre las mujeres agredidas se encuentran la líder de los comerciantes en las manifestaciones antigubernamentales, Irlanda Jerez, quien denunció recién ante un grupo de eurodiputados que la visitó en prisión que fue drogada por la policía en la cárcel El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial.

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios como centro de torturas, según la denuncia.

Jérez "no puede ni levantarse de la cama por el dolor provocado por los golpes en su cuerpo", según ese Comité.

Otra de las agredidas es Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, quien pertenece al coro de una parroquia del suroeste de Nicaragua y quien fue condenada a 30 años de prisión por los delitos de terrorismo, entre otros.

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional aún no se han referido a esa denuncia.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. 


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