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TSC inició investigación a 768 diputados por manejo de fondos



El magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez. El magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez.
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, reveló que 768 parlamentarios -propietarios y suplentes- de los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018 ya están siendo investigados por esa oficina del Estado

- Inicia a investigarse el período parlamentario 2006-2010 sobre el manejo del fondo departamental.

- Desde el 8 de febrero los investigados tienen 30 días para presentar sus documentos sobre el manejo de fondos otorgados por la administración pública.

“Nos dieron un presupuesto para contratar el personal necesario para cumplir con la misión encomendada”, subrayó.

Dijo que las oficinas del ente contralor están disponibles para comenzar a recibir las declaraciones de liquidaciones de los más de 700 diputados investigados. “Me imagino que muchos van a venir de los lugares más cercanos, pero estamos planificando de donde tengamos la mayor cantidad de liquidaciones y lo vamos a hacer por departamentos para ir avanzando. Vamos a iniciar con el período 2006-2010 por el motivo que es lo más antiguo”.

El magistrado del TSC recordó que tienen hasta tres años para llevar a cabo las investigaciones a los “Padres de la Patria” que ordenó el Congreso en el pasado 18 de enero mediante la reforma a la Ley de Presupuesto.

“La idea es que a medida vayamos haciendo las auditorías, las vamos a ir presentando para hacer el requerimiento o llamamiento a la persona para notificarle si está completo o si tiene algún indicio o responsabilidad civil o penal”, desglosó.

Rodríguez mencionó que se trata de auditorías especiales, por lo tanto las unidades que investigarán serán también especiales. “Esa unidad dependerá de la gerencia del Tribunal de Cuentas, se pondrá personal especialmente para ello, le haremos el llamado al diputado para que traiga la documentación y en su defecto si está en Finanzas o el Congreso, a nosotros se nos entregará”, adicionó.

El funcionario del TSC citó que cualquiera de los investigados puede presentar la documentación -según ellos- correcta, pero será la auditoría la que corroborará ese extremo.

Prometió que los investigados que resulten con responsabilidad civil, la misma será hecha pública para que se deduzcan las acciones que la ley ordena. “Si esta persona no puede demostrar su inocencia, definitivamente serán trasladados al Ministerio Público para que se proceda por responsabilidad penal o en todo caso se envían a la PGR para que proceda por la vía civil”.

El pasado 18 de enero, durante la última sesión parlamentaria del pleno de diputados 2014-2018, aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto que ordena que el manejo de recursos del fondo departamental sea investigado por el TSC antes que la Fiscalía intervenga con acciones en los tribunales de justicia.

La controvertida norma ha sido calificada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), como “El Pacto por la Impunidad”, con el que se arropan los diputados y otros funcionarios que manejaron fondos públicos.


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