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Suspenden audiencia inicial en caso Gualcarque, que continúa este martes



Suspenden audiencia inicial en caso Gualcarque, que continúa este martes
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - La audiencia inicial para los imputados en el caso Fraude sobre el Gualcarque se suspendió este lunes y se convocó al martes a las 9:00 de la mañana para continuar con el debate.

- La UFECIC acusó a 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico.

El abogado privado Juan Carlos Sánchez, criticó que la jueza haya aceptado que Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), participe en el debate, en vista que está representado por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Han sorprendido a la señora jueza ya que a la 1:30 (de la tarde) presentaron la solicitud y a antes de las 2:00 de la tarde estaba resuelto y antes de las 3:00 ya estaban notificadas. Creo que es una situación que debe llamar a la reflexión, participamos en el proceso de una audiencia, no tuvo que hacerse esto a espaldas de las defensas, tuvo que ser sometido en audiencias”, explicó.

Sánchez manifestó que la jueza aceptó la solicitud y admitió al Copinh como parte del debate, por lo que las defensas técnicas presentaron un recurso de nulidad, ya que -según él- violenta principios de orden constitucional.

Los imputados en esta causa son: Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle (exviceministro de la Serna), Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velázquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano (exgerente de la ENEE), Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Isaida Odilia Pinel.

Todos son acusados de los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.


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