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Consulta y debate democrático propone el Conadeh en torno a nuevo Código Penal



Consulta y debate democrático propone el Conadeh en torno a nuevo Código Penal
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), propuso este lunes una consulta y debate democrático en torno al nuevo Código Penal que ya fue publicado en el diario La Gaceta y que entra en vigencia el 10 de noviembre próximo.

La oficina estatal defensora de Derechos Humanos asegura que el nuevo estamento jurídico debe responder a la realidad y al proceso de democratización nacional.

A continuación el comunicado emitido este día por el Conadeh:

COMUNICADO

El Código Penal debe responder a la realidad y al proceso de democratización nacional. Se recomienda consulta y debate democrático.

El nuevo Código Penal se publicó en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34,940 de 10 de mayo del 2019, consta de 635 artículos incluyendo reformas al Código Procesal Penal, y entrará en vigencia el 11 de noviembre del presente año 2019.

A raíz de esa publicación, diversos sectores han expresado inquietudes, incertidumbres, y opiniones sobre aspectos que inciden directamente en los derechos humanos de las personas y el estado democrático de derecho, lo que llama a ser objeto de análisis y reconsideración, por el Poder Legislativo, atendiendo a lo siguiente:

1º El Código Penal es un instrumento de derecho sustantivo que, junto con el Código Procesal Penal, debe responder a la realidad nacional en la perspectiva histórica, política, social y cultural de Honduras. Al regular relaciones entre el Estado y los habitantes, a través de la protección de importantes bienes jurídicos, debe reflejar, con sus disposiciones, el nivel de desarrollo democrático, la protección y el respeto de la dignidad humana de los habitantes.

2º El Código Penal debe fundamentarse inequívocamente en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son los determinantes de la constitucionalidad y convencionalidad de dichos códigos.

3º Todo cuerpo legal penal debe consecuentemente buscar la atención de la necesidad de humanizar y democratizar la impartición de justicia penal, según los estándares internacionales de derechos humanos y del moderno Derecho Penal; prevenir y disuadir también los conflictos más graves entre particulares, buscando hacer prevalecer el bien común que preserve la paz social y el proceso de democratización en Honduras.

4º La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) por medio de su equipo de trabajo, examina el amplio contenido del nuevo Código Penal, en sus dieciocho oficinas regionales y departamentales, así como sus defensorías nacionales de la niñez y familia; mujer; migrantes, adultos mayores y pueblos indígenas y afro-hondureños; personas con discapacidad, personas con VIH/sida, asesoría legal y Secretaría General.

5º Entre otros importantes aspectos, el CONADEH ya se ha pronunciado anteriormente sobre disposiciones en materia de acciones y sanciones penales que pudieran vulnerar los derechos a la libertad de opinión y expresión (incluyendo la libertad de prensa) o tener efectos intimidatorios sobre el libre y responsable ejercicio de esas libertades que son cimientos indispensables de sociedades y Estados democráticos. Por eso, ya hemos afirmado y reiteramos que la acción y sanción penal son inadecuadas y discordantes con el deber del Estado de proteger y respetar esos derechos humanos, por lo cual la responsabilidad por el ejercicio abusivo de esos derechos debe ser regulado, proporcionada e idóneamente, por medio de acciones y sanciones en el ordenamiento civil del Estado, en los casos en que la persona agraviada sea un servidor público o particular involucrado voluntariamente en asuntos públicos. Las libertades de opinión y expresión deben mantenerse protegidas y servir como garantías de control democrático.

6º Se valora el compromiso del Honorable Congreso Nacional, por medio de su Presidente, de atender la participación de la ciudadanía y el debate democrático, escuchando a todas las partes interesadas en estos asuntos públicos, para hacer las modificaciones o adecuaciones correspondientes, en sus tiempos oportunos.


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