En su informe del año 2012 sobre el estado de la lucha contra las drogas en el mundo, este organismo del sistema de Naciones Unidas indica al respecto que "el narcotráfico ha corrompido a algunas de las instituciones públicas, desbordadas en varios casos ante los recursos desplegados por las organizaciones de traficantes".

El documento alerta del "poder cada vez mayor de las bandas de traficantes de droga" y afirma que "los efectos de desestabilización del narcotráfico y sus repercusiones en la seguridad regional han ido en aumento".

Aunque en la región de América Central y el Caribe se cultiva cannabis y opio en cantidades pequeñas, el principal riesgo está en su condición de zona de tránsito de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos.

"En algunos países de la región los índices de homicidios más elevados están vinculados a la delincuencia organizada y los conflictos entre grupos delictivos que se disputan el control de las rutas del narcotráfico hacia los mercados ilícitos del norte", precisa la JIFE.

Señala que, según datos de la ONU, gran parte de las 280 toneladas de cocaína que fluyen desde los países productores del sur a los consumidores del norte del continente americano pasa por América Central y el Caribe.

Aunque no aporta datos regionales, la JIFE asegura que las incautaciones de cocaína se redujeron en 2010, un síntoma de la caída de la demanda en América del Norte.

Pese a ser principalmente una región de tránsito, la JIFE se refiere a problemas concretos del aumento del cultivo de drogas, como el caso de la adormidera en Guatemala.

Entre 2005 y 2011 se triplicó el número de hectáreas de cultivo de adormidera, al tiempo que aumentaban las aprehensiones de heroína en la región, lo que parece indicar que se ha incrementado la producción de opio y la oferta de heroína.

En el texto, la JIFE también critica el enfoque sobre la legalización de drogas defendido por algunos líderes centroamericanos, entre ellos el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Sin mencionarlo expresamente, la JIFE se declara profundamente preocupada por "el llamamiento hecho en altas instancias en favor de la legalización de drogas ilícitas, basado en la presunción de que la despenalización del tráfico reduciría la violencia conexa".

Un enfoque que este organismo considera "incompatible" con las obligaciones contraídas por los países firmantes de los tratados de fiscalización de drogas vigentes.