- Asimismo, “blinda” a las “Ciudades modelo” al limitar los recursos de amparo a los reglamentos y no a las leyes aprobadas por los legisladores

Reformó así el artículo 316 constitucional que establece que “La Corte Suprema Suprema de Justicia estará organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional. Cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivo. Cuando las sentencian se pronuncien por mayoría de votos, deberán someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia (…) “.

Amparándose en la reforma constitucional para incorporar la garantía constitucional del Hábeas Data o Protección de Datos Personales Confidenciales, el Poder Legislativo aprobó el decreto número 237-2012, publicado en La Gaceta, en donde incorpora la reforma al artículo 316 constitucional. Los argumentos en los cuales sustentaron su determinación fue que era necesario adecuarla a los nuevos imperativos que demanda con urgencia el Poder Judicial.

Ahora el artículo 316 constitucional reformado contempla lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia, está organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional integrada por cinco (5) Magistrados, cuando las sentencias de las sala se pronuncien por unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter de definitivas. Cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno”.

De acuerdo a los analistas, con esa reforma se está perdiendo el principio de legalidad y se pone en menoscabo una vez más la seguridad jurídica en Honduras, cuestionada por la población hondureña y la comunidad internacional.

En los sondeos de opinión pública, el poder Judicial es considerado entre los principales actores institucionales con mayor nivel de desconfianza, casi 49 por ciento.

Así lo explican los expertos al detallar que en este momento que se conoce el recurso de amparo de los magistrados destituidos de la Corte, donde la Sala Especial Constitucional no llegó a un acuerdo unánime y por tanto el caso debe pasar al Pleno de Magistrados, estos corren el riesgo de no integrar ya ese pleno porque así lo establece la reforma hecha a la Constitución en lo relativo al poder Judicial.

Ahora, sostienen, queda a conveniencia del Presidente del Poder Judicial, de conformar un Pleno de la Corte “a su conveniencia” o del “político que se encuentre de turno”.

Al par de estas reformas a la Constitución, los legisladores también pusieron limitantes de fondo en la suscripción de convenios y tratados internacionales a los que el Estado de Honduras se encuentra adscrito. Esto en lo relativo al artículo 17 constitucional.

Amparos

Luego en materia del recurso de amparo, ahora señalan que éste no puede interponerse contra una ley, sino contra un reglamento. Cierran así el ciclo a cualquier acción que se pudiera hacer en contra de las recién aprobadas zonas especiales de desarrollo económico o “Ciudades modelo”, en su segunda versión, en vista que la primera fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.