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Muerte de periodistas empieza a esclarecerse a cuenta gotas
23:31
21
Septiembre
2012
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Autor del articulo: Especial Proceso Digital
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Tegucigalpa - El asesinato de periodistas en Honduras, más de treinta en casi una década, donde la mitad de los casos se produjo en los últimos dos años, intenta romper el círculo de impunidad que los caracteriza, al condenar a uno de los supuestos culpables del crimen en contra del periodista sampedrano, Georgino Orellana, y capturar a otro que se presume estuvo implicado en el asesinato del comunicador social, activista gay y aspirante político por el izquierdista partido Libre, Erick Martínez.

En el caso del periodista y catedrático universitario sampedrano, Georgino Orellana, un tribunal de justicia condenó a 28 años de prisión al imputado Jonathan Joseph Cockborn Delgado, por el crimen de Orellana ocurrido en abril de 2010.

Por la muerte de Orellana, Cockborn Delgado fue condenado a 17 años de cárcel, en tanto se le sumaron otros 11 años de prisión por otros delitos relacionados, considerados por el tribunal de sentencia. La acción penal se produjo al concluir un juicio oral y público que se le siguió al imputado.

Todo indica, hasta ahora, que el autor material del asesinato contra Georgino Orellana habría actuado por robarle.

Elvis Guzmán, portavoz de la fiscalía en San Pedro Sula, dijo que Cockborn también fue condenado “gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público”.

De 50 años, Georgino Orellana fue asesinado cuando salía del programa de noticias que tenía en un canal privado de la ciudad y 10 días después de su muerte la policía capturó a Cockborn, a quien también se le acusó por usurpación de nombre.

Primeras luces crimen Erick Martínez

En otro orden, las autoridades policiales anunciaron el pasado miércoles la captura del joven de 18 años, Eduardo José López Gutiérrez, sindicado como uno de los autores del asesinato del también periodista, Erick Martínez Ávila, portavoz del grupo gay Kukulcán y quien antes de su muerte se postulaba como un aspirante político a una diputación por el izquierdista-liberal partido Libre, que dirige el ex presidente Manuel Zelaya.

El periodista Erick Martínez fue encontrado inerte en una alcantarilla de la carretera que conduce a la aldea de Guasculile, al norte de la capital. Indicios racionales en poder de las autoridades implican a Eduardo José López Gutiérrez como uno de los presuntos hechores del crimen y se presume que habrían participado también otras tres personas.

La condena en el caso de la muerte de Georgino Orellana y la captura de uno de los presuntos autores del asesinato de Erick Martínez, reviven las esperanzas de que se pueda llegar a conocer el trasfondo de estas muertes que tienen paralizada a la prensa hondureña al debatirse entre la autocensura, la censura y la censura sutil, últimas dos procedentes de crimen organizado y de sectores de la parte oficial gubernamental.

Se suman también a las acciones de captura de la banda criminal de los Hermanos Osorio que habría participado en el secuestro y posterior ejecución del periodista, Alfredo Villatoro, uno de los coordinadores de noticias de HRN, de la capital, asesinado en mayo de este año.

Si bien las autoridades actuaron con diligencia en el caso de Villatoro, los autores intelectuales que ordenaron su ejecución se desconocen, pese a las promesas gubernamentales de dar con ellos e incluso anunciar que pronto se iba a capturar a uno de ellos. El caso de Villatoro parece que se cerró no solo en la agenda mediática, sino que también en la investigativa y la oficial.

El giro que está tomando el trabajo en el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas se produce tras intensas presiones internacionales y las constantes visitas que efectúan al país altos funcionarios de Washington que a su llegada hacen énfasis en la necesidad de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, esclarecer la muerte de los periodistas y de los miembros de la comunidad LGTB, de activistas humanitarios, entre otros.

También, luego de que hace un año un tribunal de sentencia de la costa norte decidiera absolver de culpa al presunto asesino del periodista, David Meza Montesinos, identificado como Marcos Joel Álvarez, alias “El Unicornio”.

El Informe del CPJ

“En Honduras, la impunidad no dicta órdenes para asesinar. Tampoco organiza una reunión de vehículos utilitarios repletos de asesinos y los envía a ejecutar su misión. Pero la impunidad garantiza que un sicario se sienta siempre seguro, que el autor intelectual de un crimen nunca tenga que preocuparse. Y la impunidad es creación del gobierno”.

Así lo sentencia un informe especial del Centro de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), realizado en el 2010, a raíz de los crímenes en contra de los comunicadores sociales, al afirmar que la impunidad y las fallas en la investigación son los principales factores que impiden dar con la verdad de los hechos.

En el caso del periodista, David Meza Montesinos, el informe señala lo siguiente:

“El 13 de marzo, la ciudad de La Ceiba, una capital regional en la costa norte, se paralizó durante varias horas. Nada se movía a excepción del cortejo fúnebre de David Meza. Los informes de prensa lo han descripto como el mayor funeral en la historia de la ciudad. Durante dos décadas Meza había sido el periodista más prominente en la ciudad, alguien a quien la gente de La Ceiba consideraba cercano. En horas de la tarde, dos días antes, había sido víctima de una persecución mientras conducía su carro y atacantes armados finalmente lo mataron a balazos en la puerta de su casa. Durante horas ese día y noche, las estaciones locales de radio y televisión habían transmitido sólo llamados de ciudadanos, muchos entre lágrimas, lamentando su muerte”.

“Más allá de su enorme popularidad, existen otros paralelos entre Meza y Nahúm Palacios. Se iniciaron muy jóvenes en los medios, ambos en deportes. Abraham Mejía, el patriarca de la radiodifusión local, recuerda haberle dado a Meza un trabajo para que jalara cables en unas emisiones de radio de partidos de fútbol locales. Esto ocurrió cuando Meza tenía unos 10 años de edad, cerca de 40 años atrás. Más tarde, Mejía y Meza compartirían labor de conducción en el Canal 45 de televisión durante 22 años”.

Sigue el informe: Meza era, también, el periodista de calle más conocido. Y, al igual que Palacios, se especializaba en ayudar a gente que había sido maltratada por el gobierno o empresas. Como Palacios, era conocido como el representante de los pobres. “Esta es una ciudad de abusos. El gobierno se abusa de los pobres. Los ricos, las empresas, se abusan de los pobres. Hasta la clase media toma lo que quiere de los de abajo”, señaló Julio César Rodríguez, corresponsal del diario La Tribuna en La Ceiba. “¿Quién está para frenarlos? David Meza los frenó, y lo hizo durante años”.

Existe una pandilla en La Ceiba, supuestamente con mucho peso en el mundo de la droga. Según periodistas, la pandilla aceptaría un contrato para cometer un asesinato por 260 dólares, acaso más si se tratara de alguien famoso como David Meza. Mientras el representante del CPJ estaba en La Ceiba, otro periodista televisivo, Pablo Zapata, recibió un mensaje de texto indicando que, así como hicieron con Meza, lo iban a matar.

No hubo forma de verificar quién había enviado el mensaje. Zapata reveló que todo lo que había hecho es contarle a su audiencia que si tenían información sobre dos asesinatos en los cuales existían sospechosos debían llamar a la policía. Así lo apunta el informe del CPJ.

Mejía—continua el relato del Informe-- es partidario de una teoría sobre la muerte de Meza. Mejía piensa que Meza fue demasiado lejos en sus ataques en la televisión sobre la policía local.

Un fiscal local señaló al CPJ que dictó cuatro órdenes de arresto y está buscando a los sospechosos, pero se negó a discutir el posible motivo u otros detalles del crimen.

Así, el esclarecimiento en la muerte de los periodistas Orellana, Villatoro y el presunto sospechoso en el crimen de Erick Martínez, aunque a cuenta gotas, genera aliento en un país donde la investigación criminal es casi inexistente, los archivos fiscales y judiciales reflejan una mora que desata escalofríos y el olvido en la memoria histórica es cada vez más latente.


















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