Tegucigalpa.- Anoche, una vigilia en el corazón de la capital en protesta por los crímenes contra periodistas, precedió la gran marcha por la vida y la libertad de expresión que encabezan este viernes, en las calles de Honduras, los periodistas de este país, acompañados de diversos sectores sociales y ciudadanos, que piden al Gobierno un ¡Basta Ya!, ante tanta impunidad, amenazas al ejercicio periodístico, al derecho de informar y a la democracia en general.
Las calles, como
nuevo escenario de protesta de los periodistas, fueron preferidas en esta
ocasión y por primera vez en décadas, para celebrar el Día del Periodista
hondureño, que se festeja este 25 de mayo, y que tradicionalmente se hacía con
la entrega de premios y festejos.
Indignados por el
asesinato de más de 25 comunicadores sociales en menos de dos años y a lo largo
de la última década, los periodistas rehusaron festejar con convivios y
abrazaron las calles como nuevo canal de expresión y protesta en contra del
silencio cómplice que ha precedido a los crímenes de los periodistas. Los dos
últimos se produjeron en contra del comunicador Erick Ávila y el coordinador de
noticias de la estación radial HRN, Alfredo Villatoro, último que fuera
secuestrado y posteriormente asesinado, lanzado su cuerpo en una calle de una
colonia capitalina, como aparecen a diario otras tantas muertes en este país
centroamericano.
La convocatoria a
la marcha es hecha por el Colegio de Periodistas de Honduras y será en forma
simultánea en cinco ciudades del país: San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca,
Comayagua, El Paraíso y Tegucigalpa. La prensa hondureña está indignada e
impotente. No quiere discursos, pide resultados.
La ciudadanía
también ha optado por acompañar a la prensa en señal de defender la libertad de
expresión y el enlace que son los periodistas entre la sociedad y el Estado. La
población hondureña está dispuesta a defender el derecho a la palabra y desde
el crimen contra Villatoro se ha volcado en una muestra de solidaridad y
respaldo que hace años no se veía en Honduras. Ellos también quieren
resultados.
Resultados que
también piden las organizaciones internacionales de libertad de expresión y el cuerpo diplomático acreditado en el
país. La embajada de Estados Unidos, en
un comunicado, dijo que los periodistas hondureños son “día a día héroes, que a
veces trabajan con gran riesgo personal para dar voz a los sin voz”.
En su último
informe, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de
Estados Americanos (OEA) publica la situación de la libertad de expresión en
Honduras y en ella desnuda las deficiencias estatales para responder con
claridad a los crímenes y otras violaciones al ejercicio periodístico y el
acceso a la información pública.
El tema de la
prensa hondureña, ocupó un espacio de 10 páginas en el informe de la Relatoría,
y en el concita las respuestas que a los casos ha dado el Estado y el Gobierno
del presidente Porfirio Lobo Sosa, por medio del oficio número 1899-DGAE-11
remitido por la Procuraduría General de la República.
El Informe se
desglosa en: Asesinatos, agresiones a periodistas y medios de comunicación,
amenazas, censura indirecta, sanciones ulteriores y limitaciones de acceso a la
información pública.
En el tema de los
Asesinatos: La Relatoría para la
Libertad de Expresión cita casos de 2007, 2009, 2010 y 2011. Al respecto,
señala que de los asesinatos de 2010 y
2011, la Fiscalía del Estado “ha documentado 14 casos de muertes de comunicadores
sociales, de los cuales 9 expedientes tienen avances en la investigación con
hipótesis concretas y sospechosos”, resaltando que de estos 9 expedientes ya se
han judicializado cuatro.
“En particular,
la CIDH exhorta al Estado a no descartar la hipótesis según la cual las
víctimas han podido ser asesinadas como represalia por el ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión y a agotar de manera exhaustiva cualquier
línea de investigación en este sentido.
La excitativa de
la Relatoría en cuanto al tema de los asesinatos en Honduras va en el sentido
que a la mayoría de los casos las respuestas del Estado y el gobierno hondureño
son que “se han realizado varias diligencias, entre ellas declaraciones de
empleados, familiares, inspecciones, hipótesis”. Esa es la terminología que
precede a los informes sobre el caso de los periodistas asesinados sobre los
cuales ha pedido información la Relatoría. Y todas las respuestas del gobierno
son que “existen dos hipótesis”.
En este sentido,
la Relatoría para la Libertad de Expresión indica en su informe que “el
mantenimiento de la impunidad no sólo ofende a los familiares de las víctimas,
sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que promueve el temor y la
autocensura”.
En cuanto a las “Agresiones a periodistas y medios de
comunicación”, la Relatoría registra los casos de los periodistas Arnulfo
Aguilar, director de Radio Uno en San Pedro Sula, el atentado contra el gerente
del diario La Tribuna, Manuel Acosta Medina, así como todos los atropellos que
ha sido objeto la radio comunitaria la Voz de Zacate Grande, en la comunidad
sureña de Amapala.
Asimismo, cita el
caso de la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce), en el Caribe
hondureño. A ello se suma el corte de electricidad
que fuera objeto una radio comunitaria del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en donde el Estado habría acreditado
evidencias que la radio no pagaba electricidad y que dos empleados de la
empresa medidora SEMEH estaban siendo juzgados por haber amenazado al personal
de la radio Guarajambala y La Voz Lenca.
Otros casos de periodistas que
sufrieron agresiones son citados también en el Informe.
Al referirse a
las Amenazas, el informe destaca los casos de comunicadores
rurales del municipio de Arizona, en Atlántida y los casos de Globo TV y Canal
36, estos dos últimos que se ubican en Tegucigalpa, la capital.
Luego, en materia
de Censura indirecta, sanciones
ulteriores y limitaciones de acceso a información
pública, destacan en el documento de la Relatoría, las decisiones tomadas
por Conatel para restringir el uso de frecuencias en claro detrimento de las
radios comunitarias y la negativa del Congreso Nacional a entregar información
pública relacionada con subsidios.
De otro lado, un
boletín especial del Observatorio de la Violencia de la UNAH, difundido la
noche del jueves, indica que en los últimos 29 meses, los repuntes en los
asesinatos de periodistas se han producido en los meses de marzo, abril, mayo,
julio y diciembre, aunque el resto de meses del año registra también hechos de
muertes violentas en la prensa.
Este panorama de
impunidad que va desde los asesinatos de periodistas, las amenazas, agresiones,
limitantes al acceso a la información pública, la censura indirecta, entre
otros, son parte de los hechos del por qué los periodistas hondureños y la
ciudadanía en general han hecho de las calles su forma de protesta.
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