"Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". Con esta declaración tan sencilla los 34 países en activo de la OEA (todos menos Cuba) sentaron las bases del compromiso colectivo en defensa de la democracia el 11 de septiembre de 2001, en Lima.

La idea partió de una iniciativa que Perú presentó en la III Cumbre de las Américas, celebrada en Québec (Canadá) en 2001, basada en la experiencia del autogolpe del presidente Alberto Fujimori en 1992.

La Carta defiende el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática y establece que la ruptura del orden democrático en un Estado miembro es un "obstáculo insuperable" para su participación en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque mucho ha cambiado el continente en la última década, la democracia sigue necesitando protección.

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ha reiterado la necesidad de un fortalecimiento de la Carta para subsanar algunas de las "limitaciones" que ha demostrado tener en situaciones prácticas como el golpe de estado en Honduras en 2009, pero no encuentra la fórmula para acometer el cambio.

"Se podrían hacer algunas reformas, pero abrirla totalmente sería caótico y podría derivar en la revocación de la Carta", dijo en declaraciones a Efe el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), destacó que el hecho de reconocer que existe un derecho a la democracia para los individuos "fue y es un paso adelante".

Sin embargo, Krsticevic señaló a Efe que en caso de ruptura del orden democrático hay dos vacíos en la Carta: que no está determinado "quién inicia el proceso para pedir una acción colectiva" y que no existe un órgano independiente de vigilancia de la democracia, como se planteó en el borrador inicial.

Según ha dicho Insulza ante el Consejo Permanente de la OEA, que ha analizado en varias sesiones el documento con motivo del décimo aniversario, la primera cuestión que queda sin resolver es cuándo se entiende que se ha producido una "grave alteración constitucional" o la "ruptura del orden democrático".

"Está claro que hay una ruptura grave de la democracia cuando se produce un golpe de Estado. Sin embargo, de acuerdo a la Declaración de Québec, las amenazas a la democracia adquieren formas 'variadas' y requieren 'defensa activa'".

También hizo referencia a otras formas, como un fraude masivo y comprobado en una elección, el cierre inconstitucional de un poder del Estado, la violación masiva de derechos humanos o el cierre de un número sustantivo de medios de comunicación.

Según Insulza, no se trata de hacer una lista "exhaustiva", pero "no tener una definición acordada de los casos de ruptura grave que sea coherente con la amplitud de la definición de democracia es un obstáculo grave".

Otro de los mayores retos es la necesidad de actuar de manera preventiva y no reactiva. "Es más fácil actuar a tiempo para contener una amenaza de ruptura de la democracia que restablecer el orden democrático una vez que la ruptura se ha producido", aseguró, convencido de que una acción preventiva hubiera podido evitar el golpe de Honduras y sus "graves efectos".

Uno de los artículos que necesitaría un debate en profundidad sería el IV, en particular el artículo 18, en el que se establece que cuando se produzcan situaciones que puedan afectar a la democracia, el secretario general o el Consejo Permanente podrán "con el consentimiento previo del gobierno afectado" disponer visitas y otras gestiones para hacer un análisis de la situación.

En este sentido Insulza ha planteado que otros poderes como el legislativo o el judicial puedan también recurrir al Consejo Permanente para denunciar una situación de peligro para la democracia, algo que países como Venezuela han rechazado.

Insulza subrayó además la falta de disposición por parte de muchos países de discutir su situación con el argumento de que constituye una injerencia en asuntos internos, pero dijo que "cuando un asunto es de conocimiento público... es inevitable que sea objeto de debate".

El representante de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, opina que debe ser "los pueblos los que decidan cómo les gusta la democracia y no que venga el inspector".

Por su parte, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, dijo que su país "no está interesado en delegar sus responsabilidades" y seguirá "ejerciendo su derecho a monitorear su situación política interna".