La conformación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos que sucedieron al destrono del ex presidente Manuel Zelaya, ha generado una serie de controversias entre los grupos más radicales que enfrenta el presidente, Porfirio Lobo.

Las Comisiones de la Verdad, cobran boga a partir de la década de los noventa como parte de la presión internacional para que los países afectados por los conflictos entren en una etapa de curación que permita abrir el camino hacia un proceso de reconciliación.

Tradicionalmente, las Comisiones de la Verdad han tenido como fin primordial ser órganos creados para investigar los antecedentes de violaciones de los derechos humanos en un país en particular, que puede ser violaciones de las fuerzas de la oposición, de las fuerzas militares o de otro gobierno o grupos armados.

Entre sus principales características destacan que se centran, en primer lugar, en los acontecimientos del pasado reciente. El fin de las Comisiones de la Verdad es temporal, que oscila entre los seis meses y los dos años.

Las Comisiones de la Verdad, a su vez, explican un patrón de abuso durante un período de tiempo en lugar de un evento específico. Cuentan con la aprobación oficial y habilitación del Estado. Ello permite tener un mayor acceso a la información, mayor seguridad y garantías de que sus conclusiones serán consideradas.

Una vez que presentan su informe el Estado acoge las recomendaciones y pide perdón por los hechos, al tiempo que propone o promueve fases puntuales en materia de reforma para la reconciliación.

Surgen primeras incomodidades No obstante, en el caso hondureño, la conformación de la Comisión de la Verdad ha iniciado con tropiezos en cuanto a sus objetivos, la conformación de sus miembros y las expectativas sembradas en la población, en particular en los bandos favorables al relevo de Zelaya y los que se oponen al mismo. La designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta de Bográn, es del criterio que la instauración de la Comisión de la Verdad, responde a un compromiso obtenido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo Guaymuras, suscrito “tanto por don Manuel Zelaya, sus representantes, como por los representantes de don Roberto Micheletti; ellos lo firmaron y el presidente Lobo lo que está haciendo es honrando esos compromisos”. “Yo creo que no se debe especular antes de tiempo, en términos de quiénes integrarán la Comisión de la Verdad o iniciar calificando o descalificando miembros”, dijo la funcionaria a la prensa. En este sentido, el gobierno del presidente Lobo ha sido claro en el sentido que “esta es una situación que él va a honrar, que somos nosotros los hondureños en primera instancia los que tenemos que planificar los alcances y objetivos de la Comisión para que se sepa la verdad de lo acontecido antes y posterior al 28 de junio; el gobierno no quiere abrir más heridas sino comenzar a restaurarlas”, acotó. Pero para representantes de los grupos humanitarios hondureños, la creación de esta Comisión no está muy clara por los propósitos con que surge: investigar los hechos que llevaron a deponer del cargo a Manuel Zelaya. Para ellos, el “derecho a la Verdad” debe ser incorporado como un derecho humano y no sienten ni ven, por ahora, que esta Comisión tenga entre sus finalidades abordar los excesos cometidos en materia de violaciones a los derechos humanos en los últimos siete meses.

No les gusta pero…

Reina Rivera, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), comentó en un foro radial que las “organizaciones de derechos humanos no estamos presionando porque se conforme esa Comisión de la Verdad porque no vemos muy claros sus propósitos aún”. “Pareciera que entre las partes que hemos estado en el conflicto, no nos gusta como esta surgiendo esta Comisión, nosotros registramos hasta ahora 230 procesos judiciales en contra del movimiento popular y social en contraste con los siete juicios en contra los violadores de los derechos humanos. Una Comisión de la Verdad debe registrar esos casos de inequidad en la justicia”, comentó Rivera.

A su juicio, la conformación de esa instancia debe ser participativa, integrada con gente de reconocida credibilidad e imparcialidad que recomiende mecanismos para que Honduras “vuelva a la senda de la institucionalidad que fue abandonada el 28 de junio; debemos retomar esa senda para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Abrámonos a la voluntad de políticas en diversos temas, me parece bien, pero yo pido voluntad política en materia de derechos humanos también”.

Para el jurista y experto internacional, Rigoberto Espinal Irías, el Estado de Derecho y la división de poderes debe ser un eje fundamental a analizar por la Comisión de la Verdad, “porque considero que aquí en Honduras no ha habido una exagerada violación a los derechos humanos ni un genocidio como se ha venido diciendo”.

“Hay que evaluar la situación y eso lo debe hacer esta Comisión que esperamos no sirva para abrir más heridas ni más confrontación, sino para que empecemos en este país a respetar la ley y su constitución”, dijo.

Raúl Pineda, otro jurista, considera que en este momentos el país vive una especie de “resaca” de la crisis y que la solución a los problemas del país deben ser resueltos por los hondureños.

Pineda, como muchos, cree que la Comisión de la Verdad es una formalidad que demanda la comunidad internacional, “producto de nuestra debilidad como nación y de nuestra dependencia económica, no creo haya habido sistemáticas violaciones a los derechos humanos, Honduras debe ser gestora de su propio destino y debemos luchar por fortalecer nuestras instituciones, nosotros somos quienes debemos decidir como hacer las cosas”, expresó.

Miembros deben escogerse con lupa A su vez, algunos expertos consultados por Proceso Digital coinciden en que la conformación de la Comisión de la Verdad se da por una presión internacional que se negó a aceptar las elecciones de noviembre pero ante el resultado contundente de las mismas, no tuvo otra opción que decir que ello “no era suficiente”, que había que cumplir el acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo Guaymuras. La comunidad internacional presiona porque considera que se deben esclarecer los hechos que condujeron a los actos del 28 de junio. “Es esta (la comunidad internacional) la que quiere esclarecimientos que para nosotros son evidentes”, sostienen. De ahí que “hay que poner mucha atención a otro imponderable en este proceso: quién integrará la Comisión de la Verdad. Si las personas que la forman son representantes de países o miembros de organizaciones que calificaron al gobierno de Micheletti como “golpista” y hasta se esforzaron por aislar al país y suspender la ayuda externa, el trabajo de la Comisión corre el riesgo de que al final va a repetir la condena a Honduras y, en lugar de contribuir a unir la sociedad hondureña, va a servir para dividirla más”. “Hasta ahora, ese proceso no se ve muy bien. Por una parte, estamos viendo la intervención de la OEA que ya se sabe que posiciones tuvo durante la crisis y, por otra parte, al menos una de las personas que está elaborando los términos de referencia de la Comisión, intervino para que el Centro Carter no viniera como observadora de las elecciones generales”, dijo una de las fuentes consultadas. Para la designada presidencial y ministra de la presidencia, María Antonieta de Bográn, la integración de la Comisión de la Verdad debe ser ampliamente consensuada y en todo caso, si se tiene la participación de una entidad o de una personalidad internacional “tiene que ser alguien que no se haya pronunciado anteriormente a favor o en contra de una de las dos partes que estuvieron en conflicto”. Ese equilibrio será difícil pero no imposible encontrarlo en el lado hondureño. Como coordinador internacional para definir los alcances y términos de la Comisión, el gobierno nombró al ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, con un destacado currículo en materia de resolución de conflictos. Pero Stein, trascendió, fue parte de una delegación del Centro Carter que llegó al país en medio de la crisis política, y condenó al régimen de Micheletti al tiempo que demandó castigos más duros para Honduras, trascendió este fin de semana en círculos diplomáticos. Ello podría dificultar la gestión del presidente Porfirio Lobo que cada día navega en aguas pantanosas del radicalismo extremo en que se encuentra gran parte de la nación, que muestra sus temores a lo desconocido en cuanto los propósitos y alcances que tendrá la Comisión de la Verdad. Su conformación sin duda será un respiro para la comunidad internacional, en particular para Estados Unidos y el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, que son quienes más presionan para anunciar al mundo que el pacto Tegucigalpa/San José esta siendo ejecutado como un reloj suizo y Honduras debe retomar el camino a la reconciliación y el fortalecimiento democrático. Pero en el ámbito de la realidad, la historia puede ser otra. La Comisión tiene el reto de tejer fino y presentar un informe que probablemente no gustará a las partes en pugna, pero puede ser el punto de partida para que el país se reencuentre, fortalezca y reforme lo que se debe cambiar. El camino de la reconciliación no será fácil, pero llegó el momento de iniciarlo.