En una carta enviada al presidente hondureño, Manuel Zelaya, la directora del Programa Regional para América de AI, Susan Lee, dijo que para su organización es “altamente preocupante” la fuga de los implicados en el asesinato de los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena.

“Amnistía Internacional urge a las autoridades del gobierno Hondureño a que lleven a cabo investigaciones eficaces e inmediatas para esclarecer los hechos”, dice Lee en la carta enviada al presidente Zelaya.

Asimismo demandan explicaciones sobre cuál fue el fundamento de la decisión tomada para transferir a los policías detenidos bajo prisión preventiva a un batallón militar y no a una prisión que garantizara las medidas de seguridad e imparcialidad correspondiente, y qué medidas de protección se han ofrecido a los familiares de los ambientalistas asesinados.

Quieren conocer también qué medidas específicas han sido tomadas por las autoridades para encontrar a los policías fugados, cuáles han sido las medidas tomadas por las autoridades para establecer cuál fue la falla del sistema de custodia y si hubo o no una posible complicidad por parte de las autoridades que estaban a cargo de los detenidos.

En la carta, AI dice reconocer los avances logrados en algunos de los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, sin embargo, señala que “estos avances siguen siendo limitados y no constituyen una respuesta sistemática a una problemática generalizada”.

Recuerda que durante la visita al país en agosto de 2007 de una delegación de AI, el gobierno hondureño “manifestó su voluntad de llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras”.

Dijo que “Amnistía Internacional aún se encuentra a la espera de compromisos reales y acciones concretas que demuestren la voluntad política del gobierno Hondureño para proteger el trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos”.

Refirió además que “la ausencia de una política gubernamental integral sobre defensores y defensoras de derechos humanos es una necesidad urgente, así como la falta de medidas de protección que protejan efectivamente la integridad física de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos”.